Revisión de la liberalización de las sanciones económicas y el fortalecimiento de la supervisión judicial
El 13 de abril, el presidente Shavkat Mirziyoyev revisó las propuestas para liberalizar aún más la imposición de sanciones económicas a las empresas, reducir las excesivas trabas burocráticas y fortalecer la supervisión judicial de las actividades de los organismos y funcionarios estatales.
Durante la presentación, se señaló que persisten varios problemas en el sistema actual de aplicación de sanciones económicas a las empresas. En la mayoría de los casos, las multas son impuestas por organismos autorizados, mientras que solo una parte es gestionada por los tribunales, lo que subraya la necesidad de fortalecer la supervisión judicial en este ámbito.
Se propuso introducir, a partir del 1 de octubre de este año, un procedimiento unificado para incentivar el pago voluntario de las sanciones económicas. Conforme a este mecanismo, las empresas que paguen el 50% de una multa en el plazo de un mes desde la recepción de la resolución quedarán exentas del pago del resto.
Además, se propuso la posibilidad de pagar la multa en cuotas iguales durante seis meses. En este caso, si se realiza un pago inicial de una sexta parte en el plazo de un mes desde la recepción de la resolución, este procedimiento se aplicará automáticamente.
Para fortalecer el control judicial, se propuso establecer un mecanismo para la devolución de los fondos recaudados en un plazo de 15 días cuando una decisión de un organismo autorizado que impone una sanción económica sea revocada o invalidada por un tribunal. En caso de incumplimiento de este plazo, se devengarán intereses por cada día de retraso al tipo de interés principal del Banco Central.
Se prestó especial atención a la digitalización del proceso de aplicación de sanciones económicas. Se propuso introducir un registro electrónico de las sanciones económicas aplicadas a las entidades comerciales dentro del Sistema Unificado de Información de Control Estatal, gestionado por el Defensor del Pueblo Empresarial.
Las decisiones de los organismos autorizados, una vez adoptadas, deberán registrarse en el sistema y certificarse con una firma digital electrónica. Las decisiones que no estén registradas en el sistema de información ni verificadas con una firma digital electrónica se considerarán inválidas y las multas basadas en ellas no serán ejecutables.
Asimismo, se destacó la necesidad de mantener registros de las sanciones económicas, supervisarlas y permitir su pago en línea a través de una aplicación móvil, así como la integración de los sistemas de información de los organismos pertinentes. Se prevé la introducción de un mecanismo para presentar apelaciones contra decisiones de sanción económica a través de la cuenta personal de la entidad empresarial, con suspensión automática de la ejecución tras la presentación de la apelación.
Durante la presentación, también se propuso elaborar una ley sobre medidas de ejecución judicial para unificar el procedimiento de aplicación de dichas medidas.
El Jefe de Estado subrayó que garantizar la protección efectiva de los derechos e intereses legítimos de las entidades empresariales, fomentar la actividad empresarial lícita y mantener la equidad y la transparencia en la aplicación de las sanciones son prioridades fundamentales.
Se instruyó a los funcionarios responsables para que desarrollaran las propuestas, reforzaran el control judicial, aceleraran la digitalización y establecieran un marco jurídico unificado, claro y justo en este ámbito.
UzA
