El 10 de diciembre, el presidente Shavkat Mirziyoyev revisó una presentación sobre el trabajo en curso y los planes para combatir la corrupción y mejorar y digitalizar los controles de cumplimiento.

La corrupción es uno de los delitos más graves, que perjudica el desarrollo socioeconómico de las sociedades. Ningún país, región o comunidad es totalmente inmune a este fenómeno. La corrupción socava el desarrollo del emprendimiento, la ciencia, la educación, la salud y muchos otros ámbitos. Un Estado con una corrupción arraigada no puede desarrollarse con éxito.

Desde el inicio de las reformas en Nueva Uzbekistán, guiados por una profunda comprensión de esta amenaza, se han realizado amplios esfuerzos para prevenir la corrupción, aumentar la transparencia y fortalecer el control público. La promoción de medidas preventivas se ha convertido en una prioridad de la política estatal, no solo eliminando las consecuencias, sino también previniendo los factores y las causas de los delitos.

No es casualidad que este tema se esté debatiendo ahora mismo: desde 2004, por iniciativa de la ONU, el 9 de diciembre se celebra anualmente como el Día Internacional contra la Corrupción. Esta fecha brinda la oportunidad de evaluar la eficacia de las medidas adoptadas, analizar los resultados prácticos y establecer nuevos objetivos.

Se destacó que, durante el último período, se revisaron las actividades de las estructuras de control de cumplimiento en los organismos estatales. Las unidades de control interno realizaron más de 11 000 inspecciones y evitaron el uso indebido de fondos por un total de 793 000 millones de sums. Se identificaron errores e infracciones financieras por un total de casi 2 billones de sums, y se recuperaron 478 000 millones de sums en daños.

Se aprobaron los indicadores clave de rendimiento (KPI) para las unidades internas anticorrupción. Estas realizaron más de 700 inspecciones, actividades de seguimiento y supervisión, identificaron infracciones por un valor de 354 000 millones de sums y evitaron el uso indebido de aproximadamente 550 000 millones de sums. Se identificaron 1397 casos de conflicto de intereses.

Se iniciaron 26 causas penales contra funcionarios; 24 fueron imputadas administrativamente y 148, disciplinarias.

Se destacó que, en los sistemas de salud, educación preescolar y escolar, catastro y construcción, así como entre los funcionarios públicos, se fomenta constantemente una actitud intolerante hacia la corrupción, se garantiza la transparencia en la política de personal y se imparte capacitación sobre programas especializados anticorrupción.

Para impulsar esta actividad, se ha propuesto establecer un grupo de trabajo anticorrupción. Este sistema de interacción facilitará la estrecha colaboración entre la Agencia Anticorrupción, las fuerzas del orden, la Cámara de Cuentas, la Inspección Estatal de Control Financiero, las unidades de control interno de los departamentos, las instituciones educativas y de investigación y las ONG, y la consolidación de sus esfuerzos.

El grupo de trabajo planea intercambiar información, realizar actividades conjuntas y monitorear y evaluar resultados, lo que contribuirá a construir un ecosistema integral y a mejorar la eficacia del trabajo.

La presentación también se centró en la digitalización y la introducción de tecnologías de inteligencia artificial.

A partir de la integración de bases de datos de diversos organismos, se establecerá el Centro de Análisis de Riesgos para detectar automáticamente los riesgos de corrupción y los casos de afiliación en la contratación pública. Se presentaron planes para digitalizar completamente el trabajo de los departamentos de cumplimiento y mejorar la eficiencia en la detección de factores de riesgo.

Se enfatizó la necesidad de fortalecer el control público sobre la toma de decisiones. En este sentido, se emitieron instrucciones para mejorar la supervisión de la publicación abierta de documentos en el sistema E-qaror y ampliar la supervisión pública del uso de los fondos presupuestarios.

Se destacó por separado la importancia de ampliar el alcance y la eficacia de las medidas preventivas.

Se propuso establecer oficinas de proyectos dedicadas a eliminar los factores que contribuyen a la corrupción. Se enfatizó que el trabajo debe realizarse principalmente en áreas con altos niveles de corrupción y burocracia, un alto volumen de denuncias ciudadanas y bajos niveles de digitalización. Se elaborará y presentará al público un informe sobre las actividades de dichas oficinas.

Se señaló la importancia de involucrar más activamente a la población en la lucha contra la corrupción: ampliar los grupos de iniciativa para supervisar la ejecución de los proyectos de inversión y garantizar la participación de los activistas de los centros de vecinos en el control de las obras.

Para fomentar las denuncias de corrupción, se propuso introducir mecanismos para emitir órdenes de protección a los informantes y ofrecer incentivos reales. Se inició la creación de una insignia "Por la contribución a la lucha contra la corrupción".

El Presidente también recibió información sobre las medidas adoptadas para eliminar los abusos en la administración del impuesto sobre el valor añadido y combatir los delitos económicos en diversas áreas. Se impartieron instrucciones para reducir el factor humano y continuar la transición hacia la automatización total de la contabilidad del IVA.

Se instruyó a los responsables a centrarse no solo en eliminar las consecuencias de los delitos económicos, sino también sus causas, y a ampliar la digitalización, el control remoto y la cooperación internacional.

Se enfatizó la necesidad de fortalecer la prevención, mejorar la educación financiera y jurídica, incluso a través de los medios de comunicación, y perfeccionar continuamente la legislación para eliminar las lagunas legales que facilitan las infracciones.

UzA