La corrupción es un fenómeno social, político y económico complejo que afecta a todos los países en mayor o menor medida. Debilita las instituciones democráticas, frena el desarrollo económico y debilita los cimientos del Estado, ejerciendo efectos adversos a largo plazo en la sociedad y el Estado en su conjunto.

La corrupción es particularmente perjudicial para los principios democráticos. La distorsión de los procesos electorales, la erosión del Estado de derecho y la creación de barreras burocráticas artificiales contribuyen a la propagación del soborno y merman la confianza pública en las instituciones estatales. En estas condiciones, la competencia leal da paso a acuerdos informales y la igualdad ante la ley pierde su significado práctico. Las prácticas corruptas impactan directamente en el desarrollo económico. La ausencia de normas transparentes y predecibles limita la entrada de inversión extranjera directa, reduce el atractivo de un país para la inversión y obstaculiza la implementación de grandes proyectos sociales y de infraestructura. Las pequeñas y medianas empresas, a su vez, a menudo tienen dificultades para superar los llamados "costos iniciales" asociados a la corrupción, que restringen la iniciativa empresarial y la innovación.

El reconocimiento de la naturaleza global de este problema sentó las bases para el desarrollo de un marco jurídico internacional para combatir la corrupción. El 31 de octubre de 2003, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, asignando a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) la función de Secretaría de la Conferencia de los Estados Partes en la Convención (Resolución 58/4). Para profundizar la comprensión de la corrupción y fortalecer el papel de la cooperación internacional, la Asamblea también designó el 9 de diciembre como el Día Internacional contra la Corrupción. La Convención entró en vigor en diciembre de 2005 y se convirtió en el primer instrumento jurídico internacional universal en este ámbito.

A nivel nacional, la República de Uzbekistán ha establecido y fortalecido sistemáticamente su marco jurídico e institucional para combatir la corrupción. Entre los documentos normativos clave, se concede especial importancia a la Ley de la República de Uzbekistán “Sobre la Lucha contra la Corrupción”, de 3 de enero de 2017, que sentó las bases de la política estatal contra la corrupción y definió medidas para la prevención, detección y represión de las prácticas corruptas. La Ley de la República de Uzbekistán “Sobre Conflictos de Intereses”, del 5 de junio de 2024, destinada a prevenir el abuso de autoridad oficial y garantizar la transparencia en la toma de decisiones en los órganos estatales; la Ley de la República de Uzbekistán “Sobre la Función Pública”, del 8 de agosto de 2022, que establece la introducción de normas de integridad, rendición de cuentas y ética profesional en el sistema de la función pública; y el Decreto Presidencial “Sobre Medidas Adicionales para Mejorar el Sistema Anticorrupción en la República de Uzbekistán”, del 29 de junio de 2020, que definió áreas prioritarias para las reformas institucionales, fortaleció la coordinación entre los organismos anticorrupción y amplió los mecanismos de supervisión pública.

Cabe destacar que los actos normativos mencionados no constituyen la totalidad del marco anticorrupción. En la República de Uzbekistán, se ha establecido un sistema integral de documentos estratégicos, institucionales y prácticos interconectados para prevenir la corrupción, mejorar la transparencia en la administración pública y promover la integridad en todas las esferas de la vida pública. Estas medidas abarcan las actividades de los organismos estatales, los mecanismos de control público y parlamentario, la transparencia financiera y la transformación digital de la gobernanza.

La lucha contra la corrupción es intersectorial. Gobiernos, sector privado, organizaciones no gubernamentales, medios de comunicación y ciudadanos de todo el mundo unen esfuerzos para contrarrestar este fenómeno. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito desempeñan un papel fundamental en este proceso, brindando a los países apoyo experto y metodológico.

El Día Internacional contra la Corrupción sirve como recordatorio de nuestra responsabilidad colectiva de construir instituciones honestas, transparentes y responsables. Prevenir esta amenaza es esencial para el desarrollo sostenible, la estabilidad económica y el fortalecimiento de los valores democráticos.

Aziza Alimova, UzA