“La Constitución actualizada debe crear una base legal sólida y una garantía confiable de estrategias de desarrollo a largo plazo para nuestro país, en general, su prosperidad futura y la vida próspera del mañana de nuestro pueblo”, enfatizó el Presidente.

La Constitución determina las bases de la vida política, económica y social del Estado, expresa las libertades y derechos de los ciudadanos. Por ello, en todos los países se presta la atención especial a la adopción de este documento ya la implementación de las normas y reglas reflejadas en él. 

En Uzbekistán, los ciudadanos valoran la Constitución del país como un documento legal importante que garantiza las libertades y los derechos humanos, forma la base para el desarrollo de la sociedad y el Estado, y crea las condiciones para una vida digna para los miembros de la sociedad. También es de destacar que en cualquier sociedad la Constitución se considera un recurso importante que influye en el ritmo del desarrollo social, un faro que dirige a la meta. Para ello, este documento legal debe estar un paso por delante de los procesos socioeconómicos, políticos, espirituales y culturales que se desarrollan en la sociedad y que conducen a sus miembros.

Es por eso que el Presidente de Uzbekistán, que sintió profundamente esta verdad, tomó la iniciativa de realizar ciertos cambios en el documento principal.

Analicemos la esencia de las iniciativas planteadas por el Jefe de Estado en el contexto de los procesos sociales que se desarrollan en nuestra sociedad. Podemos estar convencidos de su serio significado.

Por ejemplo, la práctica de resolver primero las tareas y problemas que enfrenta el Estado, abordar los procesos sociales desde el punto de vista de los intereses estatales y luego enfocarse en los problemas relacionados con la sociedad y la vida humana ha dominado nuestro país durante muchos años. Por ello, en todos los documentos legales existentes, aparece la prioridad de los intereses del Estado. En los años siguientes, el principio “No es el pueblo quien debe servir a los órganos del Estado, sino los órganos del Estado los que deben servir al pueblo” se convirtió en el lema fundamental en la implementación de las reformas. Para que los cambios basados ​​en este principio se conviertan en tendencia, es necesario, en primer lugar, consolidar como norma constitucional el principio “hombre – sociedad – Estado”.

Hoy, los intereses humanos son reconocidos como el criterio principal para las reformas económicas. Todos los esfuerzos emprendidos por los órganos del Estado están dirigidos a satisfacer los intereses humanos y mejorar el bienestar de la vida de las personas. Para asegurar la continuidad y armonía de estos procesos, es necesario fortalecer aún más las bases jurídicas que aseguren la supremacía de los intereses humanos en el país. Sin esto, es imposible fundar un Estado humano en Uzbekistán. En este sentido, se hizo necesario complementar los artículos 24 a 42 de la Constitución sobre derechos humanos con un artículo que establezca que los intereses humanos deben estar en el centro de todos los procesos sociales.

También se destaca la iniciativa de fortalecer constitucionalmente el papel y estatus de las instituciones de la sociedad civil. Se sabe que uno de los principios generales de las reformas llevadas a cabo en nuestro país en los años posteriores a la independencia fue el principio “El Estado es el principal reformador”. Este enfoque, por supuesto, tuvo cierto efecto en la etapa inicial de las reformas. Sin embargo, posteriormente esto comenzó a limitar la participación de las instituciones de la sociedad civil en el proceso social.

El estatuto y las funciones de las instituciones de la sociedad civil no estaban claramente definidos en la Constitución vigente (el artículo 56 de nuestra Ley Fundamental sólo determina qué asociaciones son reconocidas como asociaciones públicas), lo que no permite cambiar la situación. En el resultado, estas instituciones, por su iniciativa, dejaron de participar en la vida de la sociedad y su actividad social disminuyó. Por lo tanto, para potenciar su participación en los procesos sociales, en primer lugar, es recomendable introducir el principio “La sociedad es la iniciadora de las reformas”, definir claramente el estatus de las instituciones de la sociedad civil en la Constitución, e incluir normas relacionadas con la idea nacional e ideología en ella.

Cabe señalar que el inicio del proceso de introducción de reformas a la Ley Fundamental del país impone ciertas tareas a los miembros de la sociedad. Hoy en día todos nosotros estamos obligados a participar activamente en este proceso.

Abdumavlón Qosimov,

Diputado del Consejo Municipal de Diputados del Pueblo de Tashkent