El 3 de mayo el Presidente Shavkat Mirziyoyev conoció las propuestas para seguir mejorando el sistema de servicios sociales.

La Constitución renovada de Uzbekistán define al país como un estado social, garantiza el apoyo social a la población y crea condiciones iguales para todos. Se presta especial atención a estimular el trabajo de las personas con discapacidad y a prestar servicios sociales a las personas sometidas a opresión y violencia.

Hoy en día, los productos de las empresas cuyos empleados son personas con discapacidad se compran mediante contratos directos en el marco de órdenes estatales sólo si el fundador de la empresa es una asociación de personas con discapacidad.

Al mismo tiempo, en Uzbekistán hay 669 empresas y 8,3 mil empresarios individuales, el 50 por ciento de cuyos empleados son personas con discapacidad. Los días 1 y 2 de mayo se celebró en Tashkent la exposición "Inson Uchun", en la que se presentaron dichos productos y se firmaron contratos por valor de 360 mil millones de UZS.

Para crear mayores oportunidades para sus actividades, se propone permitir la compra directa, en el marco del orden estatal, de los productos de todas las organizaciones y empresarios individuales, de los cuales al menos el 50 por ciento de cuyos empleados sean personas con discapacidad. Gracias a esta oportunidad, unos 3.000 empresarios podrán dar trabajo a unas 20.000 personas con discapacidad.

Según la Organización Mundial de la Salud, una de cada tres mujeres en el mundo sufre algún tipo de violencia. En los países desarrollados se ha establecido una asistencia psicológica, médica y jurídica inmediata a las víctimas de la violencia.

En Uzbekistán, los servicios prestados a las mujeres sometidas a opresión y violencia no existen a nivel autoadminstraciones de ciudadanos. La calidad de la asistencia práctica a nivel de distrito tampoco es alta.

En este sentido, se propuso un nuevo sistema de tres niveles para brindar servicios sociales a las víctimas de la violencia. Así, a nivel de autoadminstraciones de ciudadanos, un trabajador social, un inspector de prevención y una activista de las mujeres estudiarán los casos de acoso y vigilarán constantemente la situación. A nivel de distrito, los centros “Inson” brindarán servicios psicológicos, legales y otros servicios sociales sin requerir una orden de protección.

Se establecerán salas de atención primaria en los servicios de urgencias de los hospitales. A nivel regional, los centros de rehabilitación brindarán servicios psicológicos y legales para brindar asilo y rehabilitación profunda por hasta 6 meses sin necesidad de solicitud.

Además, se tomarán medidas para prevenir la violencia en la educación y las relaciones laborales. Paralelamente, se desarrollará e implementará un programa de corrección de personas que hayan cometido actos de violencia en coordinación con el Centro “Inson”. Se introducirá un procedimiento para que los órganos de asuntos internos mantengan un registro de las personas que hayan cometido actos de violencia.

Está previsto desarrollar un estándar de servicios sociales para las personas sometidas a violencia. Se desarrollarán las actividades de organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro en esta área.

El Jefe de Estado aprobó estas propuestas y dio instrucciones adicionales para su implementación práctica, creando condiciones de vida y de trabajo dignas para cada persona.