El Tribunal Supremo de Uzbekistán ha aplazado el examen de la denuncia en el procedimiento de revisión hasta el 23 de enero de 2025. Según el abogado Davron Saidov, miembro de la Junta de Abogados de la República de Uzbekistán, el tribunal debe examinar la legalidad de la detención administrativa de siete ciudadanos que forman parte del entorno del empresario Komil Ismoilovich Allamzhonov.

Recordemos que el 26 de octubre de 2024, siete personas, entre ellas guardias de seguridad, conductores y otros empleados de Allamjonov, fueron llevadas ante la justicia administrativa por vandalismo menor e incumplimiento de las exigencias legales de los agentes del orden. En los informes de infracción administrativa elaborados por el agente de policía del distrito se indica que estas personas presuntamente violaron el orden público cerca del café Argin Tabaka en el distrito de Kibray.

“Mis clientes no estaban en el lugar de la presunta infracción. Hemos aportado pruebas, incluidas grabaciones de vídeo y declaraciones de testigos, que lo confirman”, dijo Davron Saidov.

El abogado señaló que el caso administrativo puede estar relacionado con los intentos de presionar al entorno de Allamzhonov en el marco de la investigación sobre el intento de asesinato cometido en la noche del 25 al 26 de octubre.

“Mis clientes fueron citados para dar explicaciones y estuvieron a disposición del grupo de investigación operativa durante todo el día del 26 de octubre. Sin embargo, después de regresar a casa por la noche, fueron citados nuevamente al Departamento de Asuntos Internos del distrito de Kibray y exigidos que firmaran ciertos documentos. Cuando se negaron, fueron llevados a los tribunales sin la posibilidad de defenderse plenamente”, dijo Saidov.

También habló sobre la práctica establecida, donde las restricciones a las reuniones con los abogados y la presión sobre los detenidos se han convertido en algo habitual. “Tales acciones contradicen tanto nuestra legislación nacional como las normas internacionales”, enfatizó.

La defensa se refiere al artículo 271 del Código de Responsabilidad Administrativa, que excluye el proceso en el caso en ausencia de una infracción administrativa. También se hace hincapié en la violación de las obligaciones internacionales de Uzbekistán en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

“La detención arbitraria y el mantenimiento de ciudadanos inocentes bajo arresto administrativo con violación de sus derechos fundamentales es una forma de presión que debe calificarse en el contexto del artículo 7 del Pacto Internacional, según el cual nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes”, explicó el abogado.

El Sr. Saidov presentó una petición para citar al policía distrital que redactó los informes de las infracciones administrativas para que explique sus acciones ante el tribunal. También se han presentado recursos ante la Fiscalía General con la solicitud de evaluar las acciones de los agentes del orden.

“Exigimos una evaluación jurídica no solo de la elaboración de los informes, sino también de los métodos de trabajo, que incluyen una presión injustificada sobre los ciudadanos y el desconocimiento de sus derechos constitucionales”, enfatizó el abogado.

Se llama la atención sobre los problemas sistémicos, incluida la restricción del acceso de los abogados a sus clientes.

“Ha aparecido un capítulo dedicado a la profesión jurídica en la Constitución de Uzbekistán. “Es un logro extraordinario, pero ya es hora de aplicar estas normas en la realidad. Los abogados deben poder defender a sus clientes sin obstáculos”, afirmó Saidov.

Además, el abogado señaló que la falta de acceso a los clientes y la violación del derecho a un juicio justo, junto con la presión administrativa, crean condiciones previas para la arbitrariedad:

“Cuando se priva a los abogados de la oportunidad de reunirse con sus clientes, se abre el camino a las violaciones que hemos observado en este caso”.

La audiencia del caso en el Tribunal Supremo ha sido reprogramada para el 23 de enero de 2025, a las 11:00 horas.

“Esperamos que el tribunal examine objetivamente el caso y elimine las violaciones cometidas en las etapas anteriores”, concluyó Saidov.

UzA