El 33º aniversario de la Constitución de la República de Uzbekistán no es solo una fecha festiva, sino también una oportunidad para reevaluar los logros del país como Estado de derecho y delinear los próximos pasos.

Es plenamente justificado que se la denomine "constitución del pueblo". El hecho de que más de 5 millones de nuestros compatriotas revisaran el borrador durante su elaboración, que se presentaran más de 220.000 propuestas y que más del 90 % de los ciudadanos que participaron en el referéndum nacional votaran a favor de la Constitución renovada lo ilustra vívidamente. Este compromiso cívico refleja el alto nivel de responsabilidad de nuestro pueblo respecto a su futuro y al destino de su patria independiente. Confirma una vez más que nuestra Ley Fundamental encarna verdaderamente la voluntad del pueblo.

El aspecto más importante de la Constitución es que reconoce al ser humano, su vida, su libertad, su honor y su dignidad como el valor supremo. Como resultado de la consolidación legal del principio "persona-sociedad-Estado", el panorama político y jurídico del Estado y la sociedad ha experimentado una profunda transformación. Los derechos humanos y las libertades se han convertido en la esencia de nuestra legislación y el fundamento rector de la actividad de todos los órganos estatales.

Uno de los logros más significativos de la Constitución renovada es la concesión de rango constitucional a las instituciones de la sociedad civil. El título del Capítulo XIII se cambió de "Asociaciones Públicas" a "Instituciones de la Sociedad Civil". Esta modificación no es meramente formal, sino que representa un avance significativo y sustancial.

Según la Ley Fundamental, las instituciones de la sociedad civil (asociaciones públicas, organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro, organismos de autogobierno ciudadano y medios de comunicación) constituyen el fundamento de la sociedad. El Estado garantiza la protección de sus derechos e intereses y les brinda igualdad de oportunidades legales para participar en la vida pública.

En los últimos cinco años, el número de organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro ha aumentado significativamente. Cerca de 200 importantes ONG operan en todo el país. El Gabinete de Ministros ha recibido la tarea de implementar medidas para apoyar a las instituciones de la sociedad civil. También se le ha otorgado la facultad de ejercer la supervisión pública sobre la formulación y ejecución del presupuesto estatal.

El artículo 65 de la Constitución define los principios clave en el ámbito económico. Según este, las diversas formas de propiedad constituyen la base de la economía nacional, cuyo objetivo es mejorar el bienestar de los ciudadanos. El Estado garantiza el desarrollo de las relaciones de mercado, la creación de condiciones para una competencia leal y la libertad de actividad económica, emprendimiento y trabajo, priorizando la protección de los derechos de los consumidores.

Con base en estas normas constitucionales, se está mejorando el sistema de protección de los derechos de los consumidores en nuestro país. La Federación de Sociedades para la Protección de los Derechos del Consumidor de Uzbekistán ocupa un lugar especial en este proceso. La Federación desempeña un papel vital en la protección de los intereses de los consumidores y en el fomento de un entorno de mercado justo e íntegro. Sus actividades son de gran importancia para garantizar la aplicación práctica de la legislación, brindar asesoramiento y apoyo jurídico, y combatir la mala calidad de los bienes y servicios.

La Constitución establece, a nivel de la Ley Fundamental, que los órganos y funcionarios estatales tienen prohibido interferir en las actividades de las ONG, y que las organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro tampoco pueden interferir en las actividades de los órganos y funcionarios estatales. Esta disposición refleja una relación equilibrada y de respeto mutuo entre el Estado y la sociedad civil.

Otro aspecto importante de nuestra Constitución es su fundamento en los principios democráticos. La separación de poderes del Estado, el sistema de pesos y contrapesos, la transparencia del proceso electoral y la clara definición del estatus jurídico de las instituciones de la sociedad civil están firmemente establecidos.

Se han tomado las medidas necesarias para fortalecer el parlamentarismo. Se han ampliado significativamente las competencias de la Cámara Legislativa y del Senado, se ha eliminado la duplicación de funciones y se han definido claramente las áreas de responsabilidad de cada uno.

La Constitución ofrece sólidas garantías para los derechos de empresarios e inversores. Establece que el Estado debe garantizar un entorno favorable para la inversión y los negocios, desarrollar las relaciones de mercado y crear condiciones para una competencia leal. La aplicación práctica de esta disposición contribuye a la protección de los intereses de los consumidores y a la formación de un mercado que ofrezca bienes y servicios de alta calidad.

Uzbekistán se reconoce como un Estado social. El Estado adopta medidas para garantizar el empleo de los ciudadanos, protegerlos del desempleo y reducir la pobreza. La protección de la salud pública, el derecho a la educación y el derecho al trabajo están garantizados constitucionalmente.

Nuestra Constitución renovada refleja la voluntad de nuestro pueblo y simboliza nuestra aspiración a una vida libre y próspera. Seguirá siendo la hoja de ruta principal para la construcción de un Nuevo Uzbekistán. La idea central y el propósito de nuestra Constitución son valorar a la persona, proteger sus derechos e intereses y desarrollar la sociedad civil.

Zhahonguir Sarimsokov,

Presidente de la Federación de Sociedades de Protección de los Derechos del Consumidor de Uzbekistán

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