El 3 de noviembre, el presidente Shavkat Mirziyoyev revisó propuestas destinadas a proteger la población del país de la drogadicción, aumentar la eficacia de los esfuerzos para combatir la ciberdelincuencia y avanzar en la digitalización del sistema de supervisión fiscal.

En los últimos años, los delitos relacionados con las drogas se han convertido en una de las mayores amenazas para la humanidad a nivel mundial. Según los analistas, más de 400 millones de personas en todo el mundo sufren de drogadicción y cerca de 300.000 mueren anualmente por causas relacionadas con las drogas.

Lamentablemente, esta amenaza también afecta a nuestro país. Desde principios de año, se han detectado más de 11.000 delitos relacionados con las drogas y se han incautado cerca de 2,5 toneladas de sustancias estupefacientes. Cada año surgen nuevas formas y métodos de narcotráfico, cuyo alcance se amplía, lo que subraya la necesidad de adoptar medidas urgentes e integrales para combatir los delitos relacionados con las drogas y el consumo de estupefacientes.

En la reunión se analizaron las tendencias negativas observadas en este ámbito.

En particular, las sustancias psicotrópicas y sintéticas en forma farmacéutica, fáciles de almacenar y distribuir, se están extendiendo cada vez más, especialmente entre los jóvenes. La producción de drogas sintéticas se está llevando a cabo en laboratorios clandestinos, la distribución se realiza principalmente en línea mediante formatos sin contacto, y los grupos delictivos transnacionales se están convirtiendo en las principales fuentes de proliferación.

«Por lo tanto, es hora de introducir disposiciones en la legislación nacional destinadas a prevenir estas amenazas, combatirlas sin concesiones y erradicar por completo este mal», subrayó el Jefe de Estado.

Los funcionarios presentaron propuestas para eliminar el narcotráfico. Se propusieron medidas y mecanismos integrales para garantizar la protección efectiva de la salud pública y el patrimonio genético de la nación frente a esta amenaza.

Se señaló que la implementación de medidas prácticas eficaces para prevenir la propagación de drogas entre los estudiantes de escuelas y universidades, y el fomento de una actitud de tolerancia cero hacia este fenómeno entre los jóvenes, debe definirse como una de las tareas prioritarias de todos los organismos y organizaciones pertinentes.

Se hizo hincapié en la necesidad de erradicar la circulación ilegal de estupefacientes, especialmente entre los jóvenes, incluso mediante la aplicación de mecanismos penales más estrictos. Esto implica penas más severas para los delitos relacionados con las drogas que involucran a menores, así como esfuerzos operativos y de investigación a gran escala para identificar y desarticular las actividades de los distribuidores en línea, los grupos organizados y los laboratorios de drogas, junto con cualquier funcionario que les brinde protección.

Además, se mejorará sustancialmente el sistema de diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de menores y jóvenes que padecen adicción a las drogas.

Tras la presentación, el Presidente aprobó el proyecto de Programa Nacional de Medidas Prácticas Integrales para la Prevención y el Combate de los Delitos Relacionados con las Drogas para el período 2025-2026, que incluye más de 100 actividades operativas, preventivas, organizativas, educativas e informativas y de promoción. Se emitieron las instrucciones pertinentes para garantizar la continuidad de los esfuerzos en esta área.

En la reunión también se abordaron los temas relacionados con la lucha contra el cibercrimen.

Actualmente, más de 31 millones de ciudadanos en Uzbekistán utilizan internet. En los últimos cinco años, el número de delitos cibernéticos se ha multiplicado por 68, con más de 46.000 casos identificados solo este año. Los daños materiales causados ​​a personas físicas y jurídicas superan los 1,2 billones de sums.

Se observó un fuerte incremento en los casos de fraude relacionados con datos personales, tarjetas bancarias y firmas electrónicas. Muchos delitos se cometen ahora en línea, siendo el fraude cibernético con tarjetas bancarias uno de los esquemas más extendidos.

Asimismo, se carece de mecanismos fiables para la protección de datos personales, y algunas empresas almacenan información de clientes en bases de datos de acceso público. Las medidas de ciberseguridad también son insuficientes al utilizar la identificación biométrica y las firmas electrónicas en los servicios públicos.

Asimismo, se señaló la ineficacia de las medidas para prevenir los ciberataques en el sistema bancario y detectar transacciones financieras sospechosas.

En este sentido, se hizo hincapié en la necesidad de fortalecer los fundamentos jurídicos, tecnológicos y metodológicos del sector.

Se destacó la importancia de introducir requisitos obligatorios de ciberseguridad para el tratamiento de datos personales, incluyendo la creación de un registro de operadores que manejan dichos datos y el endurecimiento de la responsabilidad por su uso ilícito.

Se propuso implementar sistemas modernos de protección para la concesión de microcréditos en línea, eximir a los ciudadanos de las obligaciones derivadas de microcréditos obtenidos fraudulentamente a su nombre sin su conocimiento, y garantizar el bloqueo permanente de cuentas bancarias sospechosas.

También se hizo hincapié en la necesidad de investigación científica para prevenir nuevos tipos de ciberdelitos, como los ataques a dispositivos inteligentes y la apropiación ilegal de criptoactivos.

El Presidente aprobó las propuestas e instruyó fortalecer la capacidad del Centro de Ciberseguridad del Ministerio del Interior, intensificar los esfuerzos para combatir el cibercrimen e introducir siete nuevos tipos de análisis forense para facilitar la detección oportuna de delitos cibernéticos.

El objetivo principal de la digitalización de sectores y organismos gubernamentales es reducir la burocracia y la corrupción, garantizando al mismo tiempo la transparencia y la apertura.

Por ejemplo, gracias a la digitalización de los procedimientos de contratación pública, se han ahorrado 7,5 billones de sums este año. Alrededor de mil tipos de servicios públicos se prestan ahora de forma remota a ciudadanos y empresarios.

Al mismo tiempo, se han emitido más de 7.000 documentos ilegales por parte de organismos gubernamentales desde principios de año, y las actividades de los organismos de control han dado lugar a violaciones de los derechos de 12.500 empresarios.

En este sentido, es necesario establecer un sistema de monitoreo remoto para supervisar la aplicación de las leyes y digitalizar por completo el proceso de verificación de la legalidad de las decisiones tomadas por los órganos gubernamentales.

Durante la presentación, se brindó información sobre propuestas para la introducción de la supervisión fiscal digital dentro del sistema de la Fiscalía General, incluyendo la automatización de los procesos de verificación y monitoreo. Esto permitirá la detección oportuna de violaciones legales, el seguimiento en tiempo real de las acciones de los funcionarios y la transparencia en las actividades de supervisión.

Se observó que la ausencia de un sistema unificado para evaluar el desempeño de los investigadores y la elaboración manual de informes afectan negativamente la eficiencia operativa. La preparación de informes puede tardar hasta una semana, y la mayor parte del material de los casos aún se almacena en papel.

Desde principios de año, se han producido violaciones de procedimiento en 1300 casos durante la toma de decisiones por parte de los investigadores, y 637 casos han sido devueltos por los tribunales para una investigación adicional debido a deficiencias en la indagación.

En este contexto, se ha establecido la tarea de digitalizar todo el proceso, desde la recepción de la denuncia hasta la ejecución de la sentencia judicial, e introducir tecnologías de inteligencia artificial en las investigaciones. Esto contribuirá a agilizar las investigaciones, reducir el error humano y aumentar la responsabilidad del personal.

Asimismo, se instruyó a iniciar la capacitación del personal en inteligencia artificial, derecho cibernético y derecho digital para fortalecer la capacidad de las fuerzas del orden en la prevención e investigación de delitos cibernéticos. El objetivo es crear una clase de profesionales capaces de aplicar métodos analíticos modernos, identificar riesgos y amenazas digitales con antelación y responder eficazmente.

Tras el debate, el Presidente impartió instrucciones específicas a los funcionarios responsables para la implementación de las tareas delineadas.

UzA