Se analizan nuevos enfoques para el uso de los recursos terrestres
El presidente Shavkat Mirziyoyev revisó una presentación de propuestas para mejorar la eficiencia en la utilización de los recursos terrestres.
Durante los últimos cinco años, se ha llevado a cabo un trabajo sistemático en el país para reformar las relaciones de tierras. En particular, se abolieron las facultades de los alcaldes para asignar tierras y la venta de parcelas se transfirió a un sistema de subastas. Durante este período, se distribuyeron 616.300 hectáreas de tierra mediante subastas, y se recaudaron 1,4 billones de sums para el presupuesto. Lo más importante es que, con la aparición de un propietario real, los ingresos por hectárea se han triplicado, alcanzando entre 50 y 60 millones de sums. Actualmente, estas tierras producen bienes por valor de 539 billones de sums anuales y generan exportaciones por un total de 2.100 millones de dólares.
Al mismo tiempo, persisten varios problemas que requieren solución en este ámbito. En particular, aunque la tierra se asigna mediante subastas, la independencia de los arrendatarios en su uso sigue siendo insuficiente. Por este motivo, aún quedan 117.600 hectáreas de tierra sin asignar.
En este sentido, se prevé introducir un nuevo sistema de arrendamiento de tierras agrícolas y subastar este año 100.000 hectáreas adicionales bajo nuevas condiciones. Asimismo, se prestará especial atención al fortalecimiento de los incentivos económicos para el uso eficiente de la tierra.
Se destacó que la práctica implementada el año pasado de seleccionar y sembrar cultivos de forma independiente en parcelas asignadas en el valle de Fergana, las regiones de Dizzaj y Tashkent, así como en Karakalpakstán, ha dado resultados positivos. En concreto, en 2025, en 16.000 de las 20.000 hectáreas, los empresarios sembraron cultivos de alto rendimiento y orientados a la exportación, sentando las bases para exportaciones por valor de 150 millones de dólares. Se subrayó la importancia de ampliar esta práctica y brindar mayor libertad económica a los usuarios de la tierra.
Para proyectos que incluyan plantaciones industriales y ganadería, se prevé subastar parcelas de entre 50 y 500 hectáreas. Sobre esta base, se planea lanzar al menos cinco grandes proyectos en cada región a partir de este mismo año. Para apoyar su implementación, se contemplan medidas de asistencia financiera, que incluyen la cobertura de los costos de suministro de agua y electricidad, préstamos preferenciales de hasta 7 años con un período de gracia de 3 años, la compensación de los intereses de los préstamos y la subvención de hasta el 50% de los costos de envasado de los productos.
Durante la presentación, también se prestó especial atención a la amplia aplicación de la experiencia internacional avanzada para aumentar la productividad de la tierra, en particular las tecnologías agrícolas extranjeras modernas. Al mismo tiempo, se enfatizó que los intereses nacionales deben protegerse en este proceso.
En concreto, se revisarán los procedimientos y las condiciones que rigen la asignación de tierras agrícolas a inversores extranjeros. En el futuro, solo se aplicará un mecanismo de arrendamiento secundario a través de las direcciones de los distritos regionales (ayuntamientos), en el marco de proyectos con una inversión mínima de 10 millones de dólares, siempre que se pongan en circulación tierras de pastoreo, tierras de secano y terrenos previamente improductivos.
Además, se hizo hincapié en la necesidad de estipular que solo los agricultores y empresarios locales podrán participar en las subastas de tierras agrícolas. Las tierras de importancia para la defensa, las zonas fronterizas, las tierras históricas y culturales, y las tierras del fondo forestal se asignarán exclusivamente a ciudadanos del país. Asimismo, se propuso establecer un plazo de arrendamiento unificado de 49 años para todo tipo de terrenos, incluidos los destinados a inversores extranjeros que desarrollen proyectos industriales y de construcción.
Los plazos de arrendamiento de casi 100.000 hectáreas de terreno están a punto de expirar. En este sentido, los empresarios plantean la necesidad de implementar un procedimiento sencillo y transparente para prorrogar los arrendamientos sin tener que volver a subastar dichas parcelas. La presentación propuso llevar a cabo este proceso a través de centros de servicio público y plataformas electrónicas, integrando los sistemas de información de las autoridades catastrales, agrícolas y judiciales, y, en ausencia de objeciones, prorrogar los arrendamientos de tierras agrícolas hasta 30 años y los de tierras no agrícolas hasta 49 años. Asimismo, se estipula que los contratos de arrendamiento no se prorrogarán salvo en casos de impago de impuestos o rentas, litigios en curso o construcciones no autorizadas.
Se constató que los procesos de cambio de categoría de terrenos y cálculo de indemnizaciones por pérdidas aún se realizan en papel. Esto genera demoras en las aprobaciones y en la toma de decisiones finales, causando insatisfacción entre los inversores. En este sentido, se planteó la tarea de digitalizar todos los procesos e introducir un sistema para evaluar la eficiencia del uso del suelo basado en criterios como el uso previsto, la eficiencia hídrica y la calidad del suelo.
También se señaló la necesidad de ampliar las posibilidades de utilizar los derechos de arrendamiento de tierras como instrumento financiero. En particular, se propuso crear las condiciones para su uso como garantía no solo para la obtención de préstamos comerciales, sino también para arrendamientos, hipotecas y avales bancarios. Además, se propuso simplificar el procedimiento para la declaración de terrenos baldíos y definir claramente la posibilidad de celebrar contratos de arrendamiento secundario, tanto remunerados como gratuitos. En base a esto, también se propuso revisar las medidas de responsabilidad penal por delitos relacionados con la circulación ilegal de terrenos.
Asimismo, se prestó especial atención al fortalecimiento de la rendición de cuentas en el control de tierras. En particular, se enfatizó la necesidad de extender la responsabilidad por ocupación ilegal de tierras no solo a las tierras de regadío, sino también a todas las demás categorías de terrenos. Asimismo, se propuso eximir del pago de indemnizaciones a las tierras en caso de cambios de categoría para la construcción de ferrocarriles y carreteras, aeropuertos, aeródromos, instalaciones de navegación aérea, infraestructuras y redes de gestión del agua, así como eximir de impuestos las indemnizaciones cuando se adquieran terrenos para necesidades públicas.
Se destacó que, en el futuro, los servicios para los arrendatarios de tierras agrícolas se prestarán a través de 13 direcciones regionales, mientras que los empresarios que implementen proyectos de inversión en tierras no agrícolas recibirán servicios a través de 14 empresas de inversión. Se espera que estas estructuras funcionen como enlace entre las autoridades gubernamentales y los empresarios.
El Jefe de Estado dio instrucciones pertinentes a los funcionarios responsables para impulsar la reforma agraria, mejorar la eficiencia en el uso de la tierra, crear un sistema aún más transparente y comprensible para los empresarios y acelerar la digitalización de este sector.
UzA
