Medidas para reducir la economía sumergida y mejorar la eficacia de la supervisión judicial en el sector
El presidente Shavkat Mirziyoyev revisó una presentación sobre medidas para reducir la economía sumergida y mejorar la eficacia de la supervisión judicial en este ámbito.
En los últimos años, se han emprendido esfuerzos sistemáticos en este sentido. En particular, se han creado comisiones especiales y territoriales para combatir la economía sumergida, se han implementado sistemas de análisis de riesgos y segmentación en las autoridades tributarias y aduaneras, se han subsanado varias lagunas legislativas que permitían transacciones informales y se han reforzado las medidas para incentivar a los empresarios responsables.
Como resultado de las medidas implementadas, la economía sumergida ha disminuido del 35 % al 23 % en los últimos dos años. Se han recaudado 38 billones de sums adicionales para el presupuesto estatal. El número de personas con empleo formal ha superado los 8,5 millones, y el salario oficial promedio ronda los 6,5 millones de sums.
Sin embargo, la economía sumergida sigue siendo un sector con un alto nivel de actividad. Según estimaciones estadísticas, en el primer trimestre de este año, la economía sumergida ascendió a 81,1 billones de sums en agricultura, 24,5 billones de sums en comercio y servicios, 23,9 billones de sums en construcción y 6,7 billones de sums en industria.
Además de reducir los ingresos presupuestarios, la economía sumergida socava el entorno competitivo del país, disminuye el nivel de protección social de los ciudadanos debido al empleo informal y priva a la población, incluidos consumidores y empresas, de la oportunidad de beneficiarse plenamente de las garantías y los mecanismos de apoyo estatal previstos por la ley.
Los objetivos para 2030 buscan reducir la economía sumergida a la mitad, impulsar el empleo formal a 14 millones de personas y aumentar los pagos electrónicos al 75 %.
Anteriormente, el Jefe de Estado instruyó a los organismos pertinentes a crear una plataforma digital unificada que utilizaría inteligencia artificial para mostrar los riesgos de la economía sumergida, las posibles pérdidas presupuestarias y las fuentes de ingresos adicionales por sector y región, así como para identificar y eliminar los factores que contribuyen a las transacciones sumergidas.
Durante la presentación, se brindó información sobre las capacidades de la plataforma “Mapa de la Economía Sumergida”, desarrollada por la Fiscalía General y lanzada en fase piloto para alcanzar estos objetivos.
La plataforma busca incrementar los ingresos presupuestarios y mantener un entorno competitivo saludable mediante la detección de riesgos de transacciones informales y permitiendo a las autoridades competentes supervisar su erradicación en 22 sectores económicos clave, 85 áreas, 14 regiones y 208 distritos y ciudades.
Especialistas calificados en tributación, aduanas, finanzas, economía, estadística, econometría y teoría de la probabilidad participaron en el desarrollo de la plataforma. Se formularon más de 100 criterios de evaluación de riesgos y se asignaron coeficientes individuales a cada uno, considerando las características regionales y sectoriales, el régimen tributario, el volumen de negocios, la importancia para el presupuesto estatal y otros factores.
Para identificar los riesgos de la economía sumergida y las posibles pérdidas presupuestarias por sector y región, la plataforma se ha integrado con los sistemas de información de 16 ministerios y agencias competentes, lo que permite el procesamiento de todos los datos en tiempo real. Con base en los análisis de la plataforma, los sectores y regiones se clasificarán automáticamente en categorías “verde”, “amarilla” y “roja” según el nivel de riesgo de economía sumergida y las posibles pérdidas presupuestarias.
La plataforma también identifica automáticamente riesgos como operar sin licencia, ocultar la facturación real, los empleos y la nómina, y subestimar las cifras de rentabilidad y ganancias.
Durante la presentación, se propuso elevar la supervisión judicial en este ámbito a un nivel cualitativamente superior mediante su digitalización a través de las capacidades de la plataforma.
En particular, el uso de los datos analíticos de la plataforma permitirá la asignación específica de recursos y personal dentro de los ministerios y organismos responsables de la lucha contra la economía sumergida, minimizando al mismo tiempo la influencia del factor humano en las actividades de supervisión. Se identificarán automáticamente los sectores y regiones con un alto nivel de riesgo de economía sumergida y se analizarán las causas de estos riesgos. Se emitirán instrucciones específicas a los organismos responsables, se supervisará su implementación y se evaluarán los resultados obtenidos.
Si el problema no se resuelve a nivel distrital o municipal, se remitirá al nivel regional y, de ser necesario, al nacional. El sistema permitirá identificar la causa raíz del problema y, sobre esta base, elaborar propuestas para eliminarlo, mejorar la legislación e incrementar los ingresos presupuestarios.
El Jefe de Estado destacó que la reducción de la economía sumergida debe centrarse principalmente en la digitalización, la mejora del intercambio de datos, la reducción de la intervención humana y una supervisión organizada.
Se ordenó a los funcionarios responsables que incorporaran más de 70 sistemas de información a la plataforma antes del 1 de octubre, que cubrieran todas las regiones y sectores, y que lograran el lanzamiento completo de la plataforma antes del próximo año.
Además, se dieron instrucciones para reforzar la supervisión judicial con el fin de crear condiciones de competencia equitativas para todas las entidades comerciales y aumentar la rendición de cuentas de los funcionarios en la reducción de la economía sumergida.
UzA
