Se abordaron temas relacionados con la mejora del marco de insolvencia
El presidente Shavkat Mirziyoyev fue informado sobre las nuevas estrategias para fortalecer el sistema de insolvencia y facilitar la recuperación financiera de las empresas que enfrentan dificultades económicas.
El país trabaja constantemente para desarrollar las empresas privadas, apoyar a los emprendedores y crear condiciones más favorables para su crecimiento. Como resultado de estas reformas, más de 300.000 emprendedores individuales y 5,5 millones de trabajadores autónomos se encuentran actualmente en activo, mientras que la participación de las empresas privadas en la economía ha aumentado del 45% al 58% en los últimos cinco años.
Este año, se prevé destinar 140 billones de sums en préstamos a pequeñas y medianas empresas. Se canalizarán 8.000 millones de dólares de recursos externos a través de los bancos para apoyar el emprendimiento en los barrios, y se asignarán 20 billones de sums a las regiones para mejorar la infraestructura de producción, comercio y servicios.
Asimismo, se señaló que persisten numerosos problemas para preservar las empresas y los empleos existentes, así como para brindar apoyo temprano a las empresas que enfrentan dificultades financieras.
En particular, se observó un aumento en el número de pequeñas empresas inactivas y liquidadas, lo que sugiere que el sistema actual prioriza la liquidación formal sobre la preservación y recuperación de las empresas.
Ante todo, los procedimientos de insolvencia no se aplican con eficacia. Solo se han iniciado procedimientos en 10.000 de las 93.000 empresas cuya situación financiera ha empeorado. Los mecanismos de rehabilitación judicial y previa al juicio también han demostrado ser ineficaces en la práctica: en los últimos cinco años, solo 7 de las 68 empresas que se sometieron a rehabilitación han reanudado sus operaciones.
Asimismo, se examinó críticamente la labor de los administradores judiciales. Se observó que, en varios casos, se incumplieron los plazos procesales, se emitieron resoluciones infundadas y los mecanismos para la detección oportuna de quiebras ficticias siguen siendo insuficientes. Asimismo, se constató que las deficiencias en el sistema de remuneración de los administradores judiciales dificultan la contratación de especialistas cualificados.
Además, se destacó que el sector aún presenta un nivel insuficiente de digitalización, sin sistemas de monitoreo y control en línea, sin un registro público de empresas en quiebra o insolvencia, y con un intercambio de información ineficaz entre los organismos gubernamentales.
En este sentido, se propusieron nuevos métodos institucionales para mejorar la eficiencia de la administración estatal.
En concreto, se propuso la creación de una Agencia de Insolvencia dependiente del Ministerio de Justicia. Esta agencia se encargará de implementar una política nacional unificada en esta área, coordinar los esfuerzos de los organismos gubernamentales pertinentes, analizar las causas de la quiebra, adoptar medidas para abordarlas y apoyar la recuperación financiera de las empresas.
Para mejorar la eficacia de los administradores judiciales, se sugirió la creación de una Cámara de Administradores Judiciales. La Cámara coordinará sus actividades, organizará su desarrollo profesional y capacitación, supervisará el cumplimiento de las leyes y la ética profesional, y salvaguardará sus derechos e intereses.
Asimismo, se introdujeron nuevos mecanismos financieros diseñados para ayudar a las empresas que enfrentan dificultades económicas.
En concreto, el plan consiste en apoyar la recuperación financiera de las empresas mediante la garantía de la Compañía Nacional de Garantía Empresarial para pequeñas y medianas empresas, y mediante el establecimiento de líneas de crédito a bajo interés con bancos comerciales a través de la Compañía de Desarrollo Empresarial.
El pago del capital e intereses de los préstamos otorgados por los bancos comerciales se aplazará hasta que se complete la rehabilitación. Posteriormente, los préstamos se reembolsarán en un plazo de tres años, sentando las bases para la reestructuración de la deuda.
También se prestó especial atención a la simplificación de los procedimientos para el aplazamiento y la reestructuración de la deuda tributaria y crediticia.
En particular, se está introduciendo un nuevo procedimiento mediante el cual los consejos distritales y municipales de diputados estarán autorizados a conceder aplazamientos de impuestos o permitir pagos a plazos. Las autoridades tributarias también podrán utilizar mecanismos similares, como garantías, avales bancarios o pólizas de seguro.
Asimismo, se ampliará el apoyo a la rehabilitación previa al juicio. Será posible utilizar herramientas como acuerdos con acreedores, obtención de asistencia financiera, aplazamiento de pagos de impuestos y préstamos, compra de deudas, reestructuración de la producción, reestructuración empresarial, contratación de especialistas cualificados y formación profesional. También se destacó la importancia de digitalizar los procedimientos de insolvencia.
Se propuso la introducción de una plataforma electrónica unificada para la gestión de casos de insolvencia. Esta plataforma mantendrá registros de personas físicas sujetas a procedimientos de insolvencia, empresas en proceso de rehabilitación y administradores judiciales. Todos los procesos, desde la presentación de la solicitud hasta la liquidación de la empresa, se realizarán electrónicamente. Además, el acceso a los datos de la plataforma será público y abierto a los medios de comunicación.
Esto garantizará la transparencia en el sector, agilizará el intercambio de información, mejorará el control y la supervisión, y reducirá el tiempo necesario para revisar las solicitudes.
El Presidente hizo hincapié en que el apoyo al emprendimiento no debe limitarse a la creación de nuevas empresas. Es igualmente importante preservar las existentes, ofrecer ayuda oportuna a las empresas que enfrentan dificultades temporales y ayudarlas a reanudar sus actividades económicas.
Se instruyó a los funcionarios responsables para que mejoren fundamentalmente el marco de insolvencia, basándose en la experiencia internacional, para que incorporen prácticas de gestión modernas al sector y para que establezcan mecanismos de rehabilitación eficaces y soluciones digitales.
UzA
