Nueva ley y decreto presidencial sobre los consejos locales: fortalecimiento de la gobernanza democrática, la rendición de cuentas, la transparencia y el estado de derecho
En la tradición estatal de Uzbekistán, el concepto de «Kengash» (consejo) encarna el principio, arraigado desde hace mucho tiempo, de gobernar mediante la deliberación colectiva. Asimismo, los textos sagrados subrayan la importancia de la consulta y el asesoramiento mutuo en la gestión de los asuntos públicos.
En sus «Instituciones» (Tuzuklar), nuestro gran antepasado, Amir Temur, también destacó la importancia de buscar consejo y recurrir a la consulta al gobernar el Estado.
Proverbios uzbekos como «Una boda planificada mediante la consulta no fracasará» y «Una sola mano no puede aplaudir» demuestran que las raíces de la democracia representativa moderna han estado presentes desde hace mucho tiempo en nuestro patrimonio nacional.
No es casualidad que diversos pensadores hayan considerado a los consejos locales como una de las principales escuelas de la democracia y una garantía fundamental para su desarrollo exitoso.
En este contexto, cobran especial relevancia dos importantes instrumentos jurídicos firmados por el presidente Shavkat Mirziyoyev en noviembre de 2026: la Ley del 12 de noviembre de 2026, «Sobre modificaciones y adiciones a la Ley de la República de Uzbekistán "Sobre la autoridad estatal local"», y el Decreto Presidencial del 16 de noviembre de 2026, «Sobre medidas adicionales para fortalecer las garantías de las actividades de los órganos representativos de la autoridad estatal local».
Estos instrumentos jurídicos tienen como objetivo hacer efectivo, en mayor medida, el principio de soberanía popular a nivel local, fortaleciendo especialmente el papel de los consejos locales de diputados populares a la hora de abordar cuestiones de importancia para la sociedad y el Estado.
Más allá de mejorar el marco jurídico existente, estas normas representan un paso institucional significativo hacia el refuerzo de los fundamentos constitucionales y democráticos de la gobernanza local, garantizando un equilibrio más eficaz entre las autoridades representativas y las ejecutivas, y creando mayores oportunidades para una participación ciudadana significativa en la toma de decisiones a nivel local.
La nueva ley: fortalecimiento de los principios democráticos en la labor de los consejos locales
Los objetivos principales de esta ley son fortalecer los principios democráticos en el funcionamiento de los órganos representativos locales, introducir mecanismos que permitan a los diputados responder con mayor prontitud a los problemas planteados por los residentes, y mejorar la organización y la eficacia de los consejos locales. La Ley se desarrolló como parte de la implementación del «Concepto para el desarrollo de las actividades de los órganos representativos de la autoridad estatal local en la República de Uzbekistán hasta 2030», aprobado mediante decreto presidencial el 23 de junio de 2025.
Creación de un Presídium del Consejo
Hasta ahora, diversas funciones organizativas clave de los Consejos locales, tales como la convocatoria de sesiones, la preparación de los proyectos de orden del día y la coordinación de las comisiones permanentes, eran ejercidas exclusivamente por el presidente del Consejo. En consecuencia, la responsabilidad de organizar el trabajo de un órgano representativo electo se concentraba, en la práctica, en manos de una sola persona.
Esta dinámica está cambiando. Con el fin de mejorar la eficacia del funcionamiento de los Consejos, se está estableciendo un Presídium en cada uno de ellos. Este órgano está integrado por el presidente del Consejo, el alcalde, el vicepresidente del Consejo, los líderes de los grupos de partidos políticos y los presidentes de las comisiones permanentes.
Tomemos como ejemplo un Consejo de distrito. La mayoría de estos Consejos cuentan con entre 20 y 25 diputados. Bajo el nuevo esquema, las decisiones relativas a la convocatoria de sesiones, la preparación de los proyectos de orden del día y la coordinación de las comisiones permanentes serán adoptadas de manera colectiva por el Presídium, el cual puede estar compuesto por hasta 13 miembros. A nivel regional, donde los Consejos suelen contar con entre 40 y 60 diputados, según la población, estas cuestiones organizativas serán gestionadas por un órgano colegiado de hasta 15 miembros.
Uno de los principales beneficios democráticos de este modelo es que todos los grupos de partidos políticos tendrán la oportunidad de participar en la configuración del orden del día de las sesiones del Consejo a través de su representación en el Presídium. Esto responde a un principio fundamental de la democracia representativa: el orden del día de un órgano representativo electo debe definirse de forma colectiva, teniendo en cuenta las opiniones y posturas de las distintas fuerzas políticas, en lugar de quedar determinado por una sola persona. Este enfoque puede contribuir tanto a un funcionamiento institucional más eficaz como a un mayor pluralismo político.
La inclusión del alcalde en el Presídium establece un marco para una cooperación más estrecha entre las autoridades ejecutivas y representativas a nivel local. Genera oportunidades para coordinar sus actividades, responder con mayor prontitud a las preocupaciones sociales y económicas apremiantes de los residentes, mediante el ejercicio de las facultades del Consejo, y abordar asuntos que requieren coordinación con el aayuntamiento.
En este sentido, el Presídium puede servir como plataforma institucional para el diálogo y la cooperación, contribuyendo a garantizar un equilibrio más eficaz entre las autoridades representativas y las ejecutivas a nivel local.
Introducción de la «Hora del Consejo»
Según la legislación vigente, los consejos locales ejercen más de 250 competencias, muchas de las cuales consisten en la aprobación de documentos y en la recepción periódica de informes y exposiciones.
Si bien estas competencias son fundamentales para el desarrollo local, los más de 5.600 diputados que integran los consejos locales se enfrentan habitualmente a cuestiones urgentes planteadas por los residentes, ya sea durante visitas a sus circunscripciones o a través de los medios de comunicación locales y las redes sociales. En ocasiones, las propuestas de los diputados para incluir estos asuntos en el orden del día de las sesiones no han podido atenderse debido a que la agenda ya estaba completa. En otros casos, se ha sugerido a los diputados que planteen determinadas cuestiones cuando los funcionarios correspondientes deban presentar sus informes ante el Consejo; sin embargo, para entonces, es posible que dichos asuntos hayan perdido su carácter urgente.
La introducción de la «Hora del Consejo» como mecanismo legislativo formal tiene por objeto subsanar esta carencia.
Mediante este mecanismo, los Consejos de Diputados Populares reciben respuestas por parte de los titulares de las autoridades ejecutivas del territorio correspondiente a las preguntas formuladas por los diputados del Consejo. La iniciativa de celebrar una «Hora del Consejo» puede provenir de los diputados, de las comisiones permanentes o de los grupos políticos, y queda sujeta a la consideración del Presídium del Consejo.
Los promotores de la iniciativa formulan las preguntas dirigidas a los titulares de las autoridades ejecutivas locales competentes. Posteriormente, el presidente del Consejo traslada estas cuestiones a los funcionarios pertinentes, quienes están obligados a responder durante una sesión del Consejo.
En esencia, la «Hora del Consejo» constituye el equivalente, a nivel local, a la «Hora del Gobierno» en el ámbito parlamentario. Ofrece a los diputados la oportunidad de plantear las inquietudes de los residentes con prontitud y obtener respuestas directas de los funcionarios responsables. De este modo, se establece un mecanismo de control representativo más ágil y práctico a nivel local.
Separación de las funciones políticas y administrativas en los consejos locales
La ley establece el cargo de vicepresidente de un Consejo de Diputados Populares local, función que desempeña, a su vez, el titular de la Secretaría del Consejo. Actualmente, existen 221 cargos de jefe de la Secretaría del Consejo en todo el país: 13 en los consejos regionales y el Consejo de la Ciudad de Tashkent, y 208 en los consejos distritales y municipales. Hasta ahora, estos puestos eran ocupados por personas designadas por los respectivos presidentes de los consejos.
Dado que el jefe de la Secretaría ahora también ejercerá como vicepresidente del Consejo, el procedimiento para cubrir este cargo ha cambiado: en lugar de ser designado, el titular será elegido.
El vicepresidente será elegido de la misma manera que el presidente del Consejo. Para ello, los representantes de los partidos políticos que participaron en las elecciones al Consejo formarán un grupo entre los diputados. Este grupo propondrá a un candidato de entre los diputados, quien posteriormente será elegido por mayoría de votos del número total de diputados del Consejo.
La separación de las funciones políticas y administrativas constituye otro cambio institucional importante. Al establecer el cargo de vicepresidente y asignarle la responsabilidad de gestionar la Secretaría, la Ley libera al presidente del Consejo de las tareas administrativas y organizativas rutinarias. Anteriormente, el presidente debía combinar el liderazgo político con la gestión diaria de las actividades del Consejo y la organización de su Secretaría.
Bajo este nuevo esquema, dichas responsabilidades operativas recaerán en el vicepresidente, quien también estará facultado para nombrar y destituir al personal de la Secretaría. Esto permitirá al presidente del Consejo dedicar mayor atención a las prioridades estratégicas, tales como supervisar la ejecución de programas locales de desarrollo socioeconómico, coordinar la labor de las comisiones permanentes, garantizar el cumplimiento oportuno y eficaz de los planes de trabajo del Consejo y sus comisiones, y atender las peticiones de los ciudadanos.
En ausencia del presidente del Consejo, el vicepresidente asumirá sus funciones. Esta disposición contribuye a garantizar la continuidad de la labor del Consejo, permitiendo que el vicepresidente desempeñe las tareas del presidente y presida las sesiones siempre que este no pueda asistir o ejercer sus funciones por cualquier otro motivo.
Asimismo, la Ley exige que el jefe de la Secretaría, en su calidad de vicepresidente, suspenda su afiliación a cualquier partido político. Este requisito tiene como fin salvaguardar la neutralidad política del cargo y asegurar el desempeño imparcial de sus responsabilidades administrativas. En general, se espera que estos cambios mejoren la eficacia de los consejos locales, refuercen la separación institucional entre las funciones políticas y administrativas, e introduzcan mecanismos adicionales de supervisión representativa.
Decreto Presidencial: fortalecimiento de las garantías para las actividades de los órganos representativos de la autoridad estatal local
Los objetivos principales del Decreto son mejorar los procedimientos para la presentación de informes y exposiciones por parte de los titulares de las autoridades ejecutivas locales ante las sesiones del Consejo; fortalecer el estatus institucional de los diputados del Consejo y las garantías para el ejercicio de sus mandatos; y asegurar una mayor apertura y transparencia en los procesos de toma de decisiones de los órganos representativos locales.
Mejora del procedimiento para la presentación de informes y exposiciones
El Decreto revisa los mecanismos vigentes para la presentación de informes y exposiciones ante los Consejos locales, teniendo en cuenta su importancia y relevancia. De las 24 categorías de informes y exposiciones establecidas por la legislación, 13 serán presentadas en las sesiones del Consejo. Entre ellas se incluyen los informes presentados por el alcalde y por los funcionarios responsables de las áreas de fiscalía, asuntos internos, tributación, justicia, protección ambiental, salud y asuntos de la juventud. Las 11 categorías restantes, que abarcan ámbitos como la educación, la protección social, la agricultura, la gestión del agua, la reducción de la pobreza, el transporte y la infraestructura vial, serán examinadas por las comisiones permanentes correspondientes.
Esto significa que no todos los informes o exposiciones se presentarán automáticamente ante una sesión plenaria del Consejo. No obstante, cuando los diputados lo consideren necesario, los asuntos que habitualmente examinan las comisiones permanentes podrán ser remitidos a una sesión del Consejo para su consideración.
Anteriormente, aunque la legislación estipulaba la presentación de numerosos informes y exposiciones ante los Consejos locales, no especificaba con claridad en qué meses o trimestres debían abordarse. Como resultado, era posible que varios informes coincidieran en un mismo periodo, lo que generaba una carga de trabajo desigual para los Consejos. El Decreto subsana esta deficiencia mediante la introducción de un enfoque más sistemático para la programación y organización de la presentación de informes.
Asimismo, el Decreto contempla la consolidación de 20 informes y exposiciones similares, presentados anteriormente por los mismos funcionarios, en seis informes unificados. Por ejemplo, la rendición de cuentas sobre la implementación de un Decreto Presidencial, una Resolución Presidencial y una resolución del Gabinete de Ministros relativas a los asuntos de la familia y la mujer se simplificará e integrará en los informes pertinentes presentados por los alcaldes adjuntos responsables de estas áreas, así como por los titulares de los departamentos distritales y municipales correspondientes.
Un enfoque análogo se aplica a la gestión del agua: la rendición de cuentas sobre la implementación de cuatro actos jurídicos distintos se consolidará en un único informe. Se espera que estas medidas reduzcan la carga administrativa y permitan a los Consejos dedicar mayor atención a una supervisión sustantiva.
Además, el Decreto suprime más de 20 competencias de los Consejos locales que ya no resultan pertinentes.
Clarificación de la distribución de competencias entre los Consejos regionales y los de distrito
El Decreto establece una diferenciación de 15 categorías de competencias de los Consejos locales, en función del nivel en el que deban ejercerse. Las competencias que anteriormente se asignaban a los Consejos locales de manera genérica se distribuirán ahora de forma clara entre el nivel regional y el de distrito; concretamente, cuatro categorías de competencias se transfieren al nivel de distrito.
Esta clarificación en la división de responsabilidades entre los Consejos regionales y los de distrito, junto con la descentralización de determinadas competencias hacia el nivel de distrito, refleja el principio de subsidiariedad: las decisiones deben tomarse lo más cerca posible de las personas a quienes afectan.
Obligación de los responsables ejecutivos locales de rendir cuentas ante los Consejos y asistir personalmente a las sesiones
Se ha constatado que, en algunos casos, los titulares de los órganos ejecutivos locales no han asistido a las sesiones del Consejo para presentar sus informes personalmente, enviando en su lugar a sus adjuntos o incluso a personal de menor rango.
Para evitar tales prácticas y garantizar el debido respeto a los representantes electos, el Decreto exige que los titulares de los órganos ejecutivos locales presenten personalmente sus informes y explicaciones ante el Consejo correspondiente, dentro de los plazos establecidos. Asimismo, están obligados a asistir en persona a las sesiones del Consejo siempre que se traten asuntos que entren dentro de sus respectivas áreas de responsabilidad.
Este requisito materializa los principios de rendición de cuentas y respeto mutuo entre las autoridades ejecutivas y las representativas.
Sesiones trimestrales de los Consejos para abordar las preocupaciones de la ciudadanía
Como se ha señalado anteriormente, la ley exige a los representantes reunirse con los electores una vez al mes. Hasta ahora, sin embargo, la consulta formal o solicitud de información por parte de un representante constituía el principal mecanismo institucional para trasladar las preocupaciones de la ciudadanía a las autoridades locales. En muchos casos, las respuestas obtenidas no han sido más que promesas de que las cuestiones planteadas serían «tenidas en cuenta en los planes».
Basándose en prácticas internacionales, el Decreto establece un espacio específico para que los diputados de los consejos locales planteen y debatan los problemas detectados en sus circunscripciones electorales. Por norma general, el análisis de las preocupaciones de los electores constituirá el primer punto del orden del día en las sesiones del consejo, que se celebrarán trimestralmente. En estos debates participarán el alcalde, sus adjuntos y otros funcionarios locales pertinentes.
Anteriormente, gran parte del tiempo de las sesiones del consejo se dedicaba al examen de documentos relacionados con el desarrollo socioeconómico del territorio correspondiente y a la supervisión de su ejecución. El nuevo mecanismo ofrece a los diputados una oportunidad concreta para formular preguntas directamente a los funcionarios del ejecutivo local y plantear las cuestiones que más preocupan a sus electores.
Al situar este debate al inicio de cada sesión trimestral, el Decreto pretende desplazar el enfoque de los diputados: pasar del mero examen de documentos y la supervisión de su implementación a abordar las inquietudes de los residentes y garantizar que las autoridades locales ofrezcan respuestas oportunas.
Refuerzo de las garantías para los diputados de los consejos locales
Muchos de los problemas a los que se enfrentan los residentes en las comunidades locales requieren recursos financieros para su resolución. Hasta ahora, los diputados a menudo carecían de los medios económicos y prácticos necesarios para contribuir a solucionar los problemas detectados durante sus visitas a sus circunscripciones electorales. En algunos casos, esta situación ha desincentivado a los diputados a visitar sus circunscripciones con regularidad.
Las nuevas medidas buscan subsanar esta carencia. Conforme al nuevo procedimiento, durante la elaboración de los presupuestos locales, podrá asignarse a iniciativa de los diputados del consejo local entre el 3 y el 5 por ciento del gasto presupuestario, dependiendo de la categoría del territorio. Esto dotará a los diputados de una mayor capacidad práctica para ayudar a resolver los problemas existentes en sus circunscripciones electorales.
Se refuerza la rendición de cuentas para los empleadores que obstaculicen el desempeño de las funciones de los diputados de los consejos locales
Una encuesta realizada a más de 5.600 diputados de consejos locales reveló que algunos habían sufrido obstrucciones por parte de sus empleadores, especialmente al intentar asistir a las sesiones del consejo o visitar sus circunscripciones electorales.
Para evitar tales prácticas, el Decreto instruye al Ministerio de Empleo y Reducción de la Pobreza a proporcionar orientaciones periódicas a todas las organizaciones, independientemente de su forma de propiedad o adscripción administrativa. Los empleadores deben garantizar que los empleados que hayan sido debidamente elegidos como diputados de un consejo local puedan ejercer sus funciones oficiales sin obstáculos. Esto incluye la participación en las sesiones del Consejo, en las reuniones de las comisiones permanentes y de los grupos de partidos políticos, así como el encuentro con los electores y la celebración de audiencias públicas.
El Decreto también exige a las autoridades de la fiscalía que ejerzan una estricta supervisión en los casos en que se impida a los empleados desempeñar sus funciones como diputados de los Consejos locales, o cuando no se les conceda la dispensa de sus labores habituales para cumplir con dichas funciones, manteniendo, no obstante, sus puestos de trabajo y su salario mensual promedio. Las autoridades competentes deberán adoptar medidas para exigir responsabilidades, conforme a la ley, a los funcionarios que incurran en tales infracciones.
Asimismo, el Decreto respalda dos propuestas presentadas por el Senado del Oliy Majlis y el Ministerio de Justicia.
La primera aclara que el derecho de un diputado de un Consejo local a acceder sin trabas a empresas, instituciones y organizaciones dentro de la región, distrito o ciudad correspondiente, está determinado por el ámbito territorial de su mandato.
La segunda faculta a los Consejos locales para presentar requerimientos formales ante órganos de nivel superior, los cuales deberán ser examinados obligatoriamente, respecto a aquellos funcionarios que incumplan las obligaciones establecidas en las decisiones del Consejo, o que no presenten los informes y reportes requeridos en la forma prescrita. Dichos requerimientos podrán solicitar una evaluación sobre la idoneidad del funcionario para el cargo que ocupa, o bien la consideración de medidas disciplinarias.
Estas medidas reforzarán la capacidad de los Consejos locales para promover acciones adecuadas contra los funcionarios que no cumplan con sus obligaciones legales ante el órgano representativo.
Se refuerzan la legalidad y la transparencia en la adopción de decisiones de los Consejos locales.
Desde que los alcaldes dejaron de presidir los Consejos, los departamentos jurídicos de los ayuntamientos no han revisado de manera sistemática los proyectos de documentos del Consejo. Anteriormente, solo existían puestos dedicados a la asesoría jurídica dentro de las secretarías de los Consejos regionales y del Consejo de la ciudad de Tashkent. El Decreto subsana esta carencia al extender el mecanismo de revisión jurídica a los niveles distrital y municipal.
A partir del 1 de diciembre de 2026, los proyectos de decisión que deban ser adoptados por los Consejos de Diputados Populares de los distritos y ciudades estarán sujetos a una revisión jurídica por parte de los centros de servicios legales.
Con el fin de promover una mayor apertura y transparencia en la toma de decisiones de los consejos locales, el Decreto respalda propuestas que, a partir del 1 de enero de 2027, permitirán a los ciudadanos asistir como observadores a las sesiones del Zhokargui Kenes de la República de Karakalpakstán, de los consejos regionales y del Consejo Municipal de Tashkent, sin derecho a participar en los debates.
La Ley y el Decreto presidencial adoptados tienen como objetivo fortalecer la toma de decisiones colegiada en los consejos locales, permitir una respuesta más ágil a las inquietudes de los residentes, mejorar la rendición de cuentas, dotar a los diputados de mecanismos financieros prácticos para abordar los problemas locales, y reforzar la transparencia y el estado de derecho.
Estas medidas representan un paso importante en la transformación de los consejos locales: de ser meros órganos representativos formales, pasan a convertirse en instituciones eficaces de representación democrática y supervisión. Están diseñadas para fortalecer los principios democráticos, consolidar la separación de poderes, mejorar la rendición de cuentas de los diputados ante sus electores y ampliar las oportunidades de participación ciudadana en la gestión local.
En conjunto, estas reformas buscan acercar la democracia local en el «Nuevo Uzbekistán», parte de un programa más amplio de transformación política, administrativa y socioeconómica del país, a los estándares internacionales, otorgando al mismo tiempo un contenido más sustancial al principio constitucional de soberanía popular.
El desafío fundamental reside ahora en garantizar la aplicación efectiva de las nuevas disposiciones, fortalecer la cooperación entre los diputados electos y las autoridades ejecutivas locales, y fomentar una mayor confianza de la ciudadanía en las instituciones representativas locales.
Sakinajon Said Gazieva,
Miembro del Consejo Municipal de Diputados del Pueblo de Tashkent