La participación en organizaciones extremistas se castiga con hasta 10 años de prisión
El presidente de Uzbekistán ha promulgado la Ley «sobre la introducción de modificaciones y adiciones a determinados actos legislativos de la República de Uzbekistán, destinada a mejorar la eficacia de la lucha contra el extremismo».
La ley incorpora disposiciones al Código Penal de la República de Uzbekistán que establecen penas de cinco a diez años de prisión por participar en las actividades de organizaciones extremistas, separatistas, fundamentalistas o de otro tipo que estén prohibidas.
Las modificaciones al Código de Responsabilidad Administrativa establecen que la producción o posesión con intención de distribuirlos de materiales que promuevan ideas extremistas, separatistas o fanáticas, que inciten al exterminio masivo o al desplazamiento forzoso de ciudadanos, o que tengan por objeto sembrar el pánico entre la población, así como la producción, posesión (con fines de distribución) o exhibición de insignias o símbolos de organizaciones extremistas o terroristas, se sancionarán con una multa de entre 50 y 100 veces el importe base de cálculo para los particulares, y de entre 100 y 150 veces para los funcionarios, además de la confiscación de los elementos relacionados con la infracción, o bien con un arresto administrativo de hasta 15 días.
En los actos legislativos y normativos, el término «extremismo religioso» ha sido sustituido por «extremismo».
Conforme a las modificaciones de la Ley «sobre la lucha contra el extremismo», el Ministerio de Justicia mantiene un Registro Electrónico de Organizaciones y Materiales (Fuentes) Extremistas, el cual se publica en el sitio web oficial del ministerio y es de acceso público.
Dicho registro incluye organizaciones cuyas actividades han sido suspendidas debido a su implicación en actos extremistas, entidades calificadas como extremistas, materiales reconocidos como tales, así como fuentes electrónicas en redes de telecomunicaciones o en Internet que hayan publicado y difundido materiales extremistas de forma reiterada (dos o más veces en el transcurso de un año).
Los organismos estatales encargados de la lucha contra el extremismo presentan solicitudes ante la Fiscalía General para que determinados materiales (o fuentes) sean declarados extremistas. Dichas solicitudes deben ir acompañadas de un dictamen pericial que confirme la presencia de contenido extremista en los materiales (o fuentes) en cuestión.
La Fiscalía General examina la validez de la documentación presentada. Si los fundamentos resultan justificados, el Fiscal General o uno de sus adjuntos presenta una petición ante el Tribunal Supremo para que los materiales (o fuentes) sean declarados extremistas. La Corte Suprema adopta tales determinaciones de conformidad con el procedimiento establecido por la ley.
Norgul Abduraimova, UzA
